El Tribunal Constitucional fue apoderado de una acción directa de inconstitucionalidad, que persigue la nulidad del artículo 1 de la ley 57-96, que otorga exoneraciones a miembros del Poder Legislativo.

En la instancia depositada ayer, la accionante pidió a los jueces del Tribunal Constitucional que declaren la nulidad de ese texto legal, por ser contrario a los artículos 39, 93, 138, 243, 244 y 246 de la Constitución, que contemplan el derecho a la igualdad, las atribuciones del Congreso Nacional, los principios de la administración pública, el régimen tributario, las exenciones tributarias y  el control y fiscalización de fondos públicos.

Solicita, además, que disponga la nulidad e ineficacia jurídica de los actos derivados de su aplicación.

La disposición impugnada establece que  cada legislador importará, libre de impuestos, un vehículo de motor cada dos años, sin importar tipo, marca, modelo, año, ni cilindraje.