Los cabecillas de la red que se le imputa haber lavado más de 10,000 millones de pesos producto del envío de miles de cargamentos de drogas a diferentes países y que son perseguidos por el Ministerio Público en la Operación Falcón invirtieron esos recursos en una gran variedad de empresas que incluye desde inmobiliarias, estaciones de combustibles, de transporte interurbano de pasajeros hasta una compañía recolectora de desechos, asociaciones de camioneros y de taxis.

Según el expediente acusatorio con el que el Ministerio Público pretende demostrar la culpabilidad de los más de veinte acusados y cuyas principales cabezas, Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, están prófugos, el extenso grupo utilizaba como primeros testaferros a sus parientes más cercanos, hermanos y hasta sus propias madres.

Los fiscales relatan en el documento de más 111 páginas, que el exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, utiliza como “testaferras” a su madre Ramona Castro de Maldonado y a su hermana Yana Iris, esta última detenida también junto al exfuncionario. En la lista de los apresados no figura su progenitora.