El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dijo esperar que, en la mayor brevedad posible, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) pueda modificar la resolución que obliga a la población a realizarse una prueba de antígeno, cuyo costo ronda los 1,700 pesos, para poder acceder a una prueba PCR de detección del COVID-19 mediante el seguro médico, y que limitó el acceso a sólo uno de esos análisis por año para cada paciente asegurado.

Ulloa exhortó a que se modifique esa resolución «para que todos podamos tener acceso a las pruebas sin necesidad de una prueba previa que tiene un costo para el bolsillo del ciudadano».

Dijo que es necesario el acceso a la mayor cantidad de pruebas para que la dinámica económica no se paralice y que promueve que se democratice el acceso para poder identificar a los contagiados.